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"El riesgo de que se despierte el México bronco"

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En los territorios del Poder Legislativo mexicano muchos se preguntaban alarmados ayer quién, quiénes dentro del primer círculo del poder público en México acaba de echar un cerillo encendido a ese pastizal seco en que pareciera que estaría convirtiéndose el país.

Y, advertiente, un diputado, Guadalupe Acosta Naranjo, gritó a los cuatro vientos: “Si el gobierno de Enrique Peña Nieto y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, continúan con su errónea decisión de imponer a sangre y fuego su interpretación de la reforma educativa, corren el riesgo de despertar al México Bronco”. 

Era el lunes 20 de junio de 2016. Un día después de lo que aconteció en Nochixtlán, Oaxaca, adonde policías federales asesinaron a sangre fría a entre seis y 10 personas, hiriendo además a otras ciento veintitantas, cuando cientos de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloqueaban un entronque carretero. 

Esa manifestación de profesores era parte de los reclamos multiplicados de los últimos días de un Magisterio histórico, que resiste y enfrenta increíblemente uno de los peores actos de autoritarismo en que incurrió en este sexenio no sólo el presidente Enrique Peña Nieto y su partido y sus rémoras, el Pvem y el Panal, sino también el PAN y el PRD. 

Una quinteta de partidos políticos que se alió bajo la careta del Pacto por México en diciembre de 2012 y agosto de 2013 para, primero, cambiar la Constitución, y, segundo, para modificar las leyes secundarias, con la pretensión de subordinar políticamente al Magisterio. 

Pero además, con la rotura del sindicalismo magisterial, de paso también acabar con el modelo normalista, que el PRI abomina; sobre todo, el rural, de donde cada año salen profesores que después se convierten en líderes naturales de comunidades rurales, no necesariamente afines a los intereses del PRI. Y las comunidades rurales son para el priísmo carne electoral. 

Acosta Naranjo sentenció: “La reforma tenía un objetivo principal: elevar la calidad de la educación. Para ello se hacía necesario evaluar al sistema educativo nacional, en general, y como parte del mismo, a cada una de sus componentes. Sin embargo, la administración de Enrique Peña Nieto se empeña en ignorar el conjunto de medidas consideradas tanto en la Constitución como en las leyes reglamentarias para alcanzar el objetivo que se pretendía”.

Despedía el tufo de la justificación, lo que decía el perredista. Nadie olvida que en diciembre de 2012 el PRD –al que servía alegremente Guadalupe Acosta Naranjo- votó la reforma educativa en alianza con el PRI, Pvem, Panal y PAN. Y que, en agosto, cuando vieron que el magisterio se les venía encima, los perredistas pretendieron deslindarse;  pero les fue imposible porque la chamusquina histórica los tatemó al grado de que el PRD ahora sólo es un infame cascarón, que no termina de resquebrajarse nomás porque  el gobierno de Peña Nieto todavía la sirve para engañar a los despistados que no saben que el PRD ya no existe. 

Pero no por eso, lo que Acosta decía tenía su jiribilla. Gente en los pasillos, en los patios, en los corrillos del Congreso, este lunes 20, decía, una y otra vez, prácticamente lo mismo que Guadalupe Acosta Naranjo. Y se preguntaban por qué teniendo tanto pasto seco, alguien desde el primer círculo del poder presidencial se ha atrevido a tirar ese cerillo encendido. 

En el Senado, gente de las asesorías parlamentarias se preguntaba por la tarde si la Comisión Permanente tirará para que Miguel Ángel Osorio Chong se apersone, desde su condición de secretario de Gobernación, para que explique por qué se dio la orden de disparar en Nochixtlán. 

Lo que decía el jefe de la policía federal preventiva, de que provocadores tiraron plomazos a la policía, y que la policía respondió, era una explicación fallida, desde la óptica de quienes asisten parlamentario en el Congreso. 

Fallida, porque es exactamente la mismas palabras que se escucharon después de la matanza del 2 de octubre de 1068, y la del 10 de junio de 1971, cuando, en el primer caso, soldados mexicanos dispararon en Tlatelolco matando a más de tres centenares de personas, la mayoría estudiantes. Y 120 y tantos estudiantes en junio de 1971, perpetrados por policías y francotiradores. 

Ni más ni menos, como los que ayer se vieron en videos de celulares.

Araceli Damián y Patricia Aceves, diputadas de Morena, a través de un comunicado,  declararon: “Es una reforma (la educativa) de la cual la sociedad debe avergonzarse, porque es un retroceso en materia laboral y de derechos de los maestros”. 

Y apostillaban: “Queremos que haya un diálogo amplio, que se llegue a acuerdos y se respeten las libertades de expresión y circulación de los maestros, y que se permitan las marchas”. 

Entonces plantearon al presidente Enrique Peña Nieto: “El despliegue de cientos de elementos policíacos contra los profesores que se manifiestan en la Ciudad de México y otras entidades federativas, como en el caso de Oaxaca, convierte a las marchas en un polvorín. Y no queremos que este país esté en llamas; queremos paz y diálogo.

Alejandro Ojeda, un diputado oaxaqueño, afirmó: “Con estos actos de represión, México está regresando en la historia y volviendo a la peor época de represión y persecución en contra de quienes de manera legítima se oponen a la imposición de la mal llamada reforma educativa”. 

Y advertía: “Tal parece que el fantasma de Díaz Ordaz ronda las oficinas de la SEP y Gobernación”. 

Y, de plano, responsabilizada de las muertes de Nochixtán al mismo presidente de la República, porque ha sido él quien cerró la puerta del diálogo con los maestros.

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