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Por culpa de la esposa cae otro “Cuini”

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Autoridades uruguayas estiman que el capo mexicano Gerardo González Valencia blanqueó al menos 10 millones de dólares en ese país. La detención fue producto de investigaciones periodísticas y el seguimiento de la Policía sudamericana. La esposa de “El Lalo” entraba y salía de México para “descongelar” sus cuentas aseguradas por la PGR

Investigaciones relacionadas con los Panamá Papers, el sistema tecnológico denominado “El Guardián” y el seguimiento a su esposa Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, fueron los puntos clave que permitieron a las autoridades uruguayas la detención del presunto narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia “El Lalo”, familiar y miembro de la organización criminal “Los Cuinis”. 

El originario de Aguililla, Michoacán, fue capturado el jueves 21 de abril en Carrasco, cerca de Montevideo, por elementos de la Guardia Republicana de la Policía Nacional del Uruguay, cuando acudió a recoger a sus tres menores hijos del colegio. 

Su mujer fue detenida el sábado 23 en el aeropuerto de la misma ciudad, cuando arribó en un vuelo procedente de México. 

La pareja ya se sabía perseguida desde una semana previa, cuando investigaciones periodísticas sobre el bufete panameño Mossack Fonseca (MF) ubicó su paradero e inversiones en bienes raíces en el país sudamericano desde 2011, donde poseían propiedades por más de 3 millones de dólares, según referencias de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas. 


“El Lalo” abandonaría su chalet llamado “Quincho Grande”, en Punta del Este, con valor de dos millones de dólares, junto con sus hijos y su suegro Héctor Amaral Padilla, para sólo esperar el arribo de su esposa Wendy Dalaithy -que estaba en México- y huir todos a Brasil, donde ya habían estado antes. 

Además de los tres mexicanos, el gobierno uruguayo detuvo a tres de sus connacionales que servían de empleados y prestanombres, a cuya identidad estaban inscritos diversas propiedades y lujosos vehículos en Punta del Este y Punta Ballena. 

Se trataba del jardinero, una trabajadora doméstica y un hombre encargado de acudir a casas de cambio a convertir los dólares introducidos al país por González Valencia en moneda nacional.   

CRÉDITOS COMPARTIDOS 

En un afán por demostrar la eficacia del aparato de procuración de justicia uruguayo, autoridades aseguraron que el éxito de la detención de Gerardo González Valencia se debió a labores de inteligencia policial y al seguimiento de sus comunicaciones a través del sistema tecnológico conocido como “El Guardián”, que estableció su ubicación al momento de ir por sus niños. 

Sin embargo, fueron investigaciones periodísticas en México y en ese país, con base en los Panamá Papers, por lo que se pudo establecer el nexo de “El Lalo” con el bufete MF, a través del cual las empresas de los mexicanos, Montella Global, S.A. y Deltodo Enterprises, realizaron inversiones, utilizando como intermediaria a la firma uruguaya Asesores y Consultores del Sur Ltda (Asconsur). 

De esa forma localizó el chalet “Quincho Grande”, en una hectárea y media de terreno en Punta del Este, donde se aseguraron diversos automotores de lujo, entre ellos un Audi A7SB y un Audi Q7 TFSI Quatro; 45 teléfonos celulares (uno de ellos satelital), siete tablets y nueve notebooks. Además, tres departamentos en Punta Ballena. 

De acuerdo con las pesquisas que se siguen en el Cono Sur, la organización criminal representada por González Valencia habría blanqueado unos 10 millones de dólares en ese país durante los últimos cinco años. 

Aunque inicialmente once personas fueron detenidas, la juez especializada en crimen organizado, Adriana de los Santos, sólo dictó prisión en contra de los tres mexicanos y los tres miembros de la servidumbre, dejando en libertad con reservas a la directora de Asconsur, la consultora Gianella Guarino y al notario público que participó en el registro de inmuebles.   

ENTRE IDAS Y VENIDAS 

Las autoridades mexicanas no eran ajenas al paradero del presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dirigido por su cuñado Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”. Seguían los pasos de su esposa Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, quien había entrado y salido varias veces del país, e incluso continuaba con litigios en Jalisco y la Ciudad de México. 

Amaral fue identificada desde agosto de 2015 por el Departamento del Tesoro estadounidense como uno de los eslabones más importantes en la cadena del lavado de dinero de “Los Cuinis” y el CJNG, lo que llevó a la PGR a asegurar el paraíso turístico denominado Hotelito Desconocido, en la Costa Norte de Jalisco, administrado por la mujer. 

Tapatía, de 36 años de edad, Wendy Dalaithy fue considerada como una de las “narcoempresarias” del millonario cártel de las drogas. Ella dirigía el corporativo W&G (Wendy and Gerardo) Arquitectos en Tepatitlán, Jalisco, y en el Estado de México, así como la firma HD Collection, S.A. de C.V. y el mencionado hotel. 

Extrañamente a la señora de González Valencia le gusta enfrentar a las autoridades a través de los tribunales. En 2010 ganó un amparo al Ayuntamiento de Guadalajara para que se autorizara el dictamen de trazo, uso y destinos específicos de la obra de una unidad plurifamiliar vertical en la zona del Bosque de Los Colomos, y en 2013 resultó beneficiada contra la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco por impuestos relacionados con la compraventa de un inmueble. 

Apenas el 21 de enero de este año, Wendy Amaral fue notificada por la PGR del aseguramiento precautorio de sus cuentas bancarias dentro de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDCS/424/2015. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recibió la orden desde agosto de 2015. 

En sus constantes viajes, la aguerrida mujer decidió no quedarse de brazos cruzados y, el 4 de febrero de 2016 -a través de sus abogados-, interpuso un amparo en un Juzgado federal de la Ciudad de México contra la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por el congelamiento de sus cuentas bancarias. 

Sin embargo, el martes 26 de abril se sobreseyó el juicio de garantías, al no probar con documentos la titularidad de las cuentas.

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