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Fuerzas federales sitian el Cefereso 9; El Chapo, con vigilancia las 24 horas

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El Centro de Reinserción Social Federal (Cefereso) número 9, de Ciudad Juárez, fue sitiado con la llegada del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, quien tiene vigilancia las 24 horas y está ubicado en uno de los cuatro módulos considerados de alta seguridad.

En Samalayuca, cerca de donde se ubica el penal, también reforzaron la seguridad con elementos del Ejército Mexicano, Policía Federal y corporaciones de la Fiscalía General del estado. Por el lado norteamericano, en Texas, las autoridades también están en alerta.

El dispositivo de seguridad del penal impidió esta mañana el ingreso a José Refugio Rodríguez Núñez, uno de los abogados de Guzmán Loera, con la justificación de que éste no había cumplido con las disposiciones reglamentarias, que él ya conoce.

De acuerdo con personal de custodia, en el penal implementaron un programa que impide rastrear la ubicación del interno, entre otras estrategias.

Eduardo Guerrero, titular del Órgano Administrativo y Prevención de Readaptación Social del gobierno federal, confirmó hoy en entrevista con medios nacionales que tienen un protocolo que realiza un grupo especializado en cuidar a los internos que son rotados de penal en penal y que es muy rígido con todos los objetivos del gobierno federal. Hasta ahora han trasladado o cambiado de prisión a más de siete mil internos en todo el país.

Sobre la estrategia para la seguridad de Joaquín Guzmán Loera, explicó que se planteó en una reunión con los tres niveles de gobierno, entre quienes estuvieron autoridades federales como el Ejército, la Policía Federal, el Cisen y la Fiscalía General del estado para analizar la seguridad perimetral, como patrullajes y retenes en las inmediaciones del penal.

El sábado en la madrugada, cuando trasladaron a El Chapo al penal ubicado en el kilómetro 33 de la carretera Panamericana de Ciudad Juárez a Chihuahua, llegaron alrededor de 500 agentes federales y estatales.

Entre los agentes que resguardan al capo se encuentran los que se llevó con él Eduardo Guerrero Durán, cuando fue nombrado comisionado del Órgano Desconcentrado de la Prevención y Readaptación Social tras dejar su cargo como fiscal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Chihuahua.

El Cefereso 9 es considerado un penal de mediana seguridad, donde se ubica un gran número de reos relacionados con el Cártel de Juárez, principalmente de La Línea, brazo armado del grupo delictivo.

Guzmán Loera fue trasladado a Ciudad Juárez en un jet de la Policía Federal alrededor de la 01:30 horas del sábado, escoltado por tres helicópteros artillados de la misma corporación y del Ejército.

La Policía Federal está desplegada alrededor del Cefereso 9 y en retenes colocados en las inmediaciones de éste, reforzados con agentes estatales y municipales, para hacer revisiones minuciosas de los vehículos que pasan por la carretera. También tienen programados sobrevuelos de helicópteros artillados. El ingreso de vehículos al centro penitenciario es revisado por militares.

Traslado sin fines de extradición

Eduardo Guerrero aseguró durante la mañana que el traslado de El Chapo fue por políticas y estrategias planeadas desde el gobierno federal para garantizar la gobernabilidad de los penales y no tuvo como fin el proceso de extradición. Sin embargo, coincidió con una notificación de juez en uno de los dos procesos que tiene en materia de extradición.

En una entrevista con Radiorama, Guerrero expuso que no se sabe si El Chapo va estar una semana, un mes o un año y que será el tiempo que sea necesario “por seguridad”.

El traslado fue informado a los jueces de amparo y de procedimientos federales para que las causas penales y los juicios de amparo se realicen en Ciudad Juárez.

El abogado especialista en migración, Carlos Spector, dijo que él considera que El Chapo no va a ser extraditado pronto, porque su estrategia es negociar la pena de muerte en Estados Unidos.

Explicó que el capo puede pedir que no le finquen cargos por homicidio para evitar la pena de muerte, pero el abogado está seguro que no llegó a Juárez con fines de extradición.

Guzmán se encontraba recluido en el penal de máxima seguridad en el municipio de Almoloya, del Estado de México, después de que lo aprehendieron por segunda ocasión, el 8 de enero pasado.

Sin embargo, la PGR lo desmintió. En un comunicado confirmó que el procedimiento de extradición que enfrenta el narcotraficante responde a una solicitud de la Corte del Distrito Sur de California, San Diego, que reclama a Guzmán Loera para que sea procesado por delitos de Asociación Delictuosa para importar y poseer cocaína con la intención de distribuir.

Regresa la zozobra a Juárez

Con la llegada de cientos de agentes federales y militares regresó la zozobra, inseguridad y malestar en víctimas de la violencia y organizaciones de la sociedad civil, dijo Imelda Marrufo, coordinadora de la organización Red Mesa de Mujeres.

La activista recordó que los peores años de violaciones a derechos humanos en Juárez, los vivieron cuando tuvieron una presencia fuerte del Ejército y la Policía Federal a esa frontera, heridas que aún están abiertas y por lo tanto, no entienden por qué llevaron a El Chapo justo a ese penal.

Los agentes federales, refirió, provocaron extorsiones y cobro de cuotas que dañaron profundamente a Juárez. “Aún está a flor de piel, ¿por qué otra vez nos los echaron para acá? Los líderes políticos dicen que no hay problema, pero las organizaciones sí rechazamos que haya sido enviado a este penal”, reprochó.

Traslado impacta proceso electoral

Cuando detuvieron a El Chapo en Sinaloa, el gobernador César Horacio Duarte Jáquez aseguró que el gobierno federal tenía contemplado trasladarlo al Cefereso de Ciudad Juárez, por la seguridad y confianza que otorgaban las autoridades estatales, pero sólo fueron trasladados seis de sus presuntos cómplices detenidos junto con él en Mazatlán.

El sábado pasado, cuando trasladaron al capo, Duarte aseguró que se trataba de un reconocimiento a la fortaleza que tiene el estado en materia de seguridad, situación que desató una serie de críticas entre candidatos a la gubernatura que contienden en el actual proceso electoral.

Y es que el Cefereso 9 está catalogado como el “peor” de los 20 que hay en el país luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lo calificó con 6.63, en un diagnóstico de 2015, mientras que el del Altiplano obtuvo una calificación de 7.32.

Entre los señalamientos al penal federal de Juárez, se encuentra que tiene dificultades para imponer sanciones disciplinarias y debería reforzar la integración del expediente técnico-jurídico de cada interno, clasificar a reos procesados y sentenciados, así como las actividades laborales y de capacitación de los internos.

Al candidato independiente a la gubernatura, José Luis Chacho Barraza González, le resulta extraño que hayan trasladado a El Chapo a un penal mal calificado y cuestionado, pero considera que si lo hicieron con fines electoreros es muy grave.

El candidato del PAN, Javier Corral Jurado, emitió un comunicado en el que dice que Duarte miente cuando señala que el traslado es un signo de confianza que se tiene en las instituciones del estado y de la buena coordinación federal, estatal  y municipal.

El panista dijo que esas mentiras a las que “los chihuahuenses ya estamos acostumbrados”, sólo exhiben el grado de corrupción y manipulación informativa que practica el gobernador y su candidato, Enrique Serrano Escobar.

Para el candidato de Morena, Francisco Javier Félix Muñoz, el traslado de El Chapo sólo es un distractor porque el candidato del PRI va a la baja y éste no ha enfrentado ni los debates o foros universitarios a los que se le ha invitado.

El presidente estatal del PRI, José Guillermo Dowell Delgado, las declaraciones de los adversarios políticos como “perversas y falsas”. Luego recordó que una diputada panista fue ligada con El Chapo, por dedazo de Gustavo Madero Muñoz.

“Lo que sí está probado es que la familia Corral y el PAN han trabajado para el poderoso Cártel de Sinaloa, por lo que hemos venido sosteniendo que constituyen un peligro real para el futuro de la seguridad del estado de Chihuahua”, dijo Dowell.

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